En 1997 la Dirección General de Aguas (DGA) declaró área de restricción al acuífero de Petorca para nuevas explotaciones subterráneas. Luego, al finalizar el primer gobierno de Sebastián Piñera en 2014, caducó los derechos de aguas provisionales otorgados en la zona, resolución recientemente confirmada por la Corte Suprema.
Actualmente, el alcalde de Petorca y el “Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente” denuncian escasez y apuntan como responsable a la agricultura, específicamente al cultivo de paltas. Los agricultores por su parte señalan que hay agua suficiente para todos, lamentan las campañas internacionales en su contra y advierten ideologización del tema.
En concreto, en 1990 el acuífero ofrecía agua a 2 m de profundidad, hoy lo hace a 20 m, por lo que todos los pozos poco profundos quedaron “colgados”, sin posibilidad de captar, mientras que aquellos de 30 m o más siguen extrayendo con normalidad.
Suponiendo que no hay problema en captar desde mayor profundidad y que el acuífero “aguanta”, a la espera de precipitaciones que lo recarguen, entonces la solución sería excavar más. Sin embargo, perforar un pozo es costoso, entre $100 y $200 mil por metro y muchas veces no es factible profundizar uno ya existente.
En el valle de Petorca, algunos poblados no tienen acceso al servicio que ofrece una empresa sanitaria, sino que abastecen sus necesidades domésticas desde pozos poco profundos y, cuando se secan, deben recurrir a camiones aljibes u otros medios precarios.
Las soluciones ciertamente pasan por realizar las inversiones en red de agua potable, alcantarillado, tratamiento y hacer funcionar a las comunidades de aguas subterráneas para que, junto con la DGA, exijan control de extracciones, facilitando la fiscalización y el uso adecuado de los derechos definitivos; sin embargo, también es necesario que el Estado ocupe herramientas que ya existen y que no requieren ninguna modificación del Código de Aguas: comprar o expropiar derechos de aguas a valor de mercado en sectores críticos, a objeto de disminuir el reconocido sobre otorgamiento de títulos, ajustándolos a la disponibilidad real del recurso.
Esto ya se hace con la tierra cuando se requiere construir una carretera o cualquier obra de interés público.
Christian Valenzuela
Fundador de Compragua.cl
